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El gobierno de Nicaragua expulsa del país a las Misioneras de la Caridad y otras 100 ONG

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El gobierno de Nicaragua presidido por Daniel Ortega ha ordenado la disolución de las Hermanas Misioneras de la Caridad de la Orden Madre Teresa de Calcuta, que lleva 40 años sirviendo a los más pobres en ese país centroamericano. Un total de 101 asociaciones sin ánimo de lucro entre las que se encuentran las misioneras de Madre Teresa han sido obligadas a cerrar sus puertas con carácter «urgente», según la agencia Efe.

El Ministerio de Gobernación justifica la censura argumentando que las Misioneras de la Caridad «han incumplido sus obligaciones» conforme a varias leyes del país, entre ellas la Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (llamada ‘ley 977’ ), que regula a las entidades atacadas por Ortega. También se les achaca que “su Junta Directiva está integrada en exclusiva por personas extranjeras”, mientras que la legislación vigente desde hace dos meses “establece que solo pueden ser de fuera de Nicaragua el 25 % de los integrantes” (Vida Nueva Digital)

Días antes de conocerse la medida gubernamental, varios medios denunciaban que el régimen sandinista había clausurado las obras de caridad de las Misioneras, tras 40 años de servicio ininterrumpido a los más pobres, según información recogida por El Debate.  La Asociación Misioneras de la Caridad fue creada en Nicaragua el 16 de agosto de 1988, bajo el primer régimen de Ortega (1979-1990), tras una visita al país de la Madre Teresa de Calcuta.

Las religiosas administran en Nicaragua el Hogar Inmaculado Corazón de María, en la ciudad de Granada, para acoger a adolescentes abandonados o abusados, y ayudarles a reinsertarse en la vida. También tienen un asilo de ancianos en la capital, Managua, así como un proyecto de refuerzo escolar a estudiantes en situación de riesgo, y una guardería para familias sin recursos. El Estado no ha planteado ninguna alternativa para suplir la labor de las Misioneras, dejando en situación de riesgo a todas las personas vulnerables que se beneficiaban de la entrega caritativa de las hermanas, apunta El Debate.

Además de las Misioneras de la Caridad, la lista contempla asociaciones como la Fundación para el Desarrollo Integral del Río San Juan, la Asociación Nicaragüense de Apoyo a Pequeños Agricultores o la Fundación Nicaragua Aid Fundation. Desde diciembre de 2018, Nicaragua ha cancelado ya la personalidad jurídica de 657 ONG, incluyendo 42 organismos extranjeros. En total, 758 entidades han sido canceladas por el gobierno nicaragüense.

De la discriminación a la persecución

El último informe sobre la situación de la libertad religiosa en el mundo elaborado por la fundación pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN) Internacional, apuntaba que en la zona de Iberoamérica y Caribe «las violaciones más importantes a la libertad religiosa se producen en naciones con un historial cuestionable de respeto a los derechos humanos y la democracia, entre ellas Cuba, Nicaragua y Venezuela. Estos Gobiernos han manifestado hostilidad y agresividad hacia las Iglesias cristianas (tanto la católica como las no católicas) cuando sus líderes religiosos han denunciado la corrupción y las iniciativas políticas y sociales que entienden que son perjudiciales para el bien común».

La Constitución de Nicaragua estable en su artículo 49 que los distintos grupos sociales, los religiosos, hombres y mujeres, tienen derecho a constituir organizaciones «con el fin de lograr la realización de sus aspiraciones». Además, «todas las personas, individual o colectivamente, tienen derecho a manifestar sus creencias religiosas en privado o en público, mediante el culto, las prácticas y su enseñanza»(artículo 69). Es evidente el incumplimiento inconstitucional por parte del Gobierno actual encabezado por Daniel Ortega.

Violación de los derechos humanos y la Constitución

El citado informe anual de ACN Internacional señala que, a raíz de la crisis política y económica del país en 2018 «cientos de personas han muerto asesinadas, miles han resultado heridas y más de 100 000 han huido; a medida que aumentaban las protestas que pedían reformas democráticas, el Gobierno ha incrementado los esfuerzos para sofocarlas; esto se ha traducido en un aumento de las denuncias de violaciones de los derechos humanos en este período».

Iglesias, miembros del clero, monjas y fieles ordinarios también han sido objeto de ataques durante el período estudiado en este informe, sobre todo cuando el país estuvo inmerso en esta profunda agitación política y económica. La gravedad de la crisis llevó a la Iglesia católica y a otras organizaciones a manifestar públicamente su preocupación por la situación y a criticar la política represiva del Gobierno que ahora se ve seriamente acentuada.

Foto: Diego Esquivel (Cathopic)

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