Acuerdo entre la Iglesia española y el Gobierno para atender la reparación de víctimas de abusos sexuales a través del Defensor del Pueblo

8 Ene, 2026 | ACTUALIDAD, Noticias

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La Iglesia en España y el Gobierno han acordado abrir una vía a través del Defensor del Pueblo para la reparación de aquellas personas víctimas de abusos sexuales que no deseen acudir directamente a la Comisión PRIVA establecida por la Iglesia. El acuerdo ha sido suscrito por Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; Mons. Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), y Jesús Díaz Sariego, presidente de la Conferencia Española de Religiosos (CONFER).

Para la firma del acuerdo, el Gobierno se ha comprometido, como solicitaba la Iglesia, a abordar la reparación integral de todos los menores víctimas de abusos sexuales en cualquier ámbito de la vida pública.

El sistema establecido no está basado en la imposición de una obligación jurídica, sino en el compromiso moral de la Iglesia y el mutuo acuerdo de las partes.

Tras la firma del acuerdo, el presidente de la CEE Mons. Luis Argüello, ha calificado este acuerdo como un «nuevo paso» dentro de un largo recorrido que la Iglesia en España viene realizando en los últimos años. También ha destacado que el derecho canónico permite, en casos de gravedad, levantar la prescripción de delitos, algo que no sucede en la vida civil.

Como parte del proceso que emprendió la Iglesia en España hace años, se han creado las 70 Oficinas diocesanas para atención de las víctimas, además de las creadas en las Congregaciones religiosas. En estas oficinas, además de la recepción de denuncias, se ha avanzado en la formación de cara a la formación para un mejor acompañamiento y para la prevención.

Otro paso importante fue la creación de la Comisión Asesora del Plan de Reparación Integral a los menores y personas equiparadas en derechos, víctimas de abusos sexuales (PRIVA), en septiembre del 2024, ya centrada en las víctimas cuyos casos no han podido ser tratados en ámbitos jurídicos por haber prescrito o por haber fallecido el victimario. En este tiempo, se ha podido atender a más de un centenar de víctimas.

La «obligación moral» de la Iglesia en España con las víctimas ha dado hoy un nuevo paso. Mons. Argüello ha destacado su satisfacción porque supone incorporar a víctimas de otros ámbito, como la educación o el deporte; por la exención fiscal en las indemnizaciones a las víctimas; y por el respaldo a la Comisión PRIVA, que tomará las decisiones, aunque, en caso de desacuerdo, pasarán a la revisión de la Comisión Mixta.

Mons. Argüello ha resaltado que dentro del dolor que supone para la Iglesia reconocer estas situaciones, el objetivo es que «resplandezca la verdad y la justicia» para las víctimas de abusos con la vía judicial cerrada.

El presidente de la CEE también ha señalado que el trabajo que está haciendo la Iglesia en España tiene el reconocimiento del Vaticano, como quedó de manifiesto en la última reunión de las oficinas de protección de menores, en la que participó el servicio de la Santa Sede, con una valoración positiva.

Este sistema «Es una vía temporal con una duración de un año (prorrogable otro año más), para aquellas causas que no hayan tenido y no puedan tener recorrido judicial bien por la prescripción del delito o bien por la muerte del victimario», según informó la Conferencia Episcopal.

El reconocimiento y reparación tendrá el criterio técnico de la Oficina del Defensor del Pueblo, la evaluación de la Comisión del PRIVA, el consenso Iglesia Católica-Estado y la participación de las víctimas.

La Oficina del Defensor del Pueblo estudiará los casos presentados y propondrá un cauce de reparación que será estudiado y evaluado por la Comisión PRIVA establecida por la Iglesia.

Los criterios de valoración de los casos y de la baremación de la reparación de la Oficina del Defensor del Pueblo y de la Comisión PRIVA serán homogéneos. En caso de discrepancia de la valoración, una comisión mixta estudiará el caso que, en última instancia será establecido por el Defensor del Pueblo tras escuchar al presidente de la CEE o de la CONFER, según el caso.

Además, el Gobierno ha aceptado que las reparaciones económicas estén exentas de tributaciónespecialmente del impuesto sobre la Renta.

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